La tecnología biométrica ha dejado de ser un fenómeno propio de las historias de ciencia ficción. Los gobiernos de algunos países llevan tiempo utilizándola para reconocer a sus ciudadanos, algo que plantea nuevos retos éticos y que ya ha llegado a casos extremos, por ejemplo, en China.

Aunque la palabra “biometría” puede resultar desconocida para el público general, su aplicación está, desde hace tiempo, más que presente en nuestras vidas. Consiste en identificar a las personas a través de una característica física exclusiva: primero fueron las huellas dactilares y, más recientemente, el iris, o el rostro.

Si cada vez es más fácil acceder a la información personal de casi todo el mundo y gran parte de las transacciones se realizan de manera virtual, entonces la necesidad de identificar bien a las personas resulta acuciante. Aunque las empresas tecnológicas también utilizan este sistema para, por ejemplo, etiquetar personas en una red social o desbloquear un dispositivo móvil, el mayor reto se presenta para dos agentes diferentes: gobiernos e instituciones financieras.

Me he quedado con tu cara

Hasta hace poco, para hacer una transferencia o aceptar el borrador de la Declaración de la Renta, bastaba con introducir un número de identificación personal y, como mucho, confirmar nuestra identidad a través de un correo electrónico o un SMS. Sin embargo, en muchos países, este tipo de gestiones se hacen ya simplemente apoyando el dedo en un lector de huellas o dejando que una máquina escanee el rostro del interesado.

Según los expertos, la identificación biométrica reduce al mínimo la posibilidad de fraude, porque los datos que se usan son prácticamente imposibles de suplantar en caso de que la persona no esté presente.

Y, entre todas las modalidades disponibles, el reconocimiento facial se presenta como la más efectiva, ya que las huellas dactilares son más inexactas y pueden variar ligeramente, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga un trabajo artesanal. En cambio, los programas que realizan escáner facial ofrecen una precisión cada vez mayor incluso si el usuario cambia su aspecto, por ejemplo, con una barba o unas gafas.

Además, desde un punto de vista práctico, para los usuarios resulta mucho más fácil dejarse fotografiar por un escáner o pulsar un botón para todas sus gestiones que recordar una gran cantidad de nombres de usuario y contraseñas.

Australia, India y China son algunos de los gobiernos a la vanguardia de este tema.

Mil millones de indios fichados

El gobierno de India posee el mayor programa de identificación biométrica del mundo, Aadhaar. Su sistema sirve tanto para trámites públicos, como para abrir una cuenta en el banco o dar de alta una línea telefónica. Una llave similar al “iniciar sesión con Facebook”, pero con datos más comprometidos y capaz de abrir puertas oficiales.

En Aadhaar, cada ciudadano tiene un número de identificación que contiene sus datos personales y biométricos (huella dactilar, iris…). Aunque es voluntario inscribirse, la realidad es que resulta prácticamente necesario para acceder a los servicios esenciales.

Como puede usarse para realizar gestiones de todo tipo, su base de datos es muy completa y son muchos los que consideran que amenaza la privacidad de los ciudadanos, ya que el gobierno puede saber de manera casi instantánea lo que hacen en su vida pública y privada.

Ahora mismo, el sistema almacena los datos del 90% de los ciudadanos indios, unos 1.110 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los grandes objetivos para los piratas informáticos. En volumen compite con las grandes tecnológicas, cuyas bases de datos tampoco resultan nada desdeñables: 2.000 millones de usuarios en el caso de Android y 1.000 millones en el de Apple.

También estas últimas están adoptando la biometría: hace tiempo que los dispositivos se desbloquean con la huella dactilar o con la lectura del iris; y el último iPhone X permite ya hacer pagos con su sistema de reconocimiento facial, Face ID.

Pero las exigencias de seguridad que plantean las bases de datos biométricos son demasiado grandes y, por eso, nadie se arriesga a dar pasos sin tener todo bajo control. De hecho, ni Google ni Apple han instalado todavía el escáner compatible con Aadhaar en sus teléfonos indios.

Proyecto australiano

A día de hoy, Australia es el país occidental más convencido de la necesidad de incorporar tecnología biométrica a los sistemas de identificación pública. El Gobierno Federal ya cuenta con una base de datos faciales del 85% de los australianos y, en 2018, tiene previsto aprobar una ley para que también las empresas privadas incluyan en sus bases de datos el reconocimiento facial. Si sale adelante, Australia pondría en marcha el sistema FVS (Face Verification Service) por el que las compañías que obtengan los datos faciales de un cliente podrán enviarlos al gobierno para que éste los verifique. Algo similar se utiliza ya para verificar documentos oficiales (Documents Verification Service), como carnets de conducir, pasaportes, tarjetas de inmigración…

Las razones para ponerlo en marcha son reducir el fraude y respaldar al sector financiero ayudando, además, a frenar el blanqueo de capitales, el terrorismo, etc. Al igual que en India, en principio no será obligatorio acogerse al FVS.

En la futura ley se especifica que las empresas sólo podrán guardar esta información si cuentan con la autorización expresa del interesado. Sin embargo, es bastante probable que los australianos cedan sus datos con el mismo poco conocimiento con que la mayoría de los ciudadanos leemos las políticas de privacidad de todo lo que aceptamos en Internet.

Además, la normativa especifica que las empresas que quieran utilizar ese sistema deberán garantizar la privacidad de su base de datos, pero el reciente caso de pirateo masivo de Equifax, uno de los proveedores de este servicio aprobados por el gobierno australiano para el sistema de verificación de documentos, hace que la seguridad del proyecto esté, de momento, bastante cuestionada.

Los expertos alertan ya contra la falta de supervisión del FVS y se preguntan quién será el responsable de almacenar esos datos y con quién será legal compartirlos. Además, sus detractores se quejan de la poca transparencia que existe en las negociaciones del gobierno con estas compañías.

Gran Hermano en China

El sector financiero del gigante asiático es pionero en el uso de tecnología biométrica y millones de chinos utilizan ya diferentes sistemas de identificación facial para autorizar pagos. Pero no sólo eso. El caso de China plantea el mayor problema de las bases de datos masivos, que va más allá del riesgo de pirateo: el uso de esa información para controlar a los ciudadanos.

Desde hace años, el gobierno de Xi Jinping espía a sus ciudadanos con un proyecto que ha sido calificado en múltiples ocasiones de “orwelliano”, haciendo referencia al escenario descrito en la novela 1984. El sistema se apoya, sobre todo, en el reconocimiento facial y la inteligencia artificial para vigilar y predecir el comportamiento de las personas.

Para controlar a sus 1.300 millones de habitantes, el Estado chino cuenta con 170 millones de cámaras inteligentes que pueden reconocer un rostro, o descifrar la edad o la etnia de una persona y registrar todos sus movimientos: qué coche tiene, dónde va, con quién se ve habitualmente… En los próximos tres años se instalarán 400 millones de cámaras más.

El gobierno tiene una base de datos con 700 millones de rostros y la utiliza para cosas tan surrealistas como evitar que en los baños públicos las personas tomen más de 60 centímetros de papel higiénico en un período de nueve minutos, como explicaba recientemente The Economist.

“Crédito social”

Con todos esos datos el Estado creó, en 2012, el llamado “Sistema de Crédito Social”: una lista negra del tribunal superior de China con nombres de personas que considera “poco confiables”. El objetivo es que éstas tengan dificultades, más o menos serias, a la hora de acceder a los servicios públicos y privados –desde comprar online hasta conseguir un empleo o colegio para sus hijos–, para que una persona que comete fraude en un lugar no pueda volver a hacerlo en otro.

Algunos gobiernos locales colocan las fotos, nombres completos y direcciones de los incluidos en el sistema en vallas publicitarias, pero lo normal es que las autoridades no avisen a nadie si es incluido ni por qué; las personas se enteran, por ejemplo, cuando no pueden comprar un billete de avión. Los “no confiables” dejan de serlo cuando se retractan en aquello por lo que fueron inscritos en la lista; ahora bien, para eso, primero tienen que conseguir averiguarlo.

Contaba The Wall Street Journal que, sólo en 2017, siete millones de chinos han pasado por el Sistema de Crédito Social. Uno de ellos, por ejemplo, fue incluido por declarar en un juicio como testigo y que su testimonio fuera considerado por el tribunal como “insincero”. Hasta que no hizo pública una retractación pidiendo perdón no han retirado su nombre. En otro caso, un periodista acabó en la “lista negra” tras publicar una información sobre un supuesto extorsionador y no poder demostrar la veracidad de su artículo.

Lógicamente, se trata de un sistema que da lugar a múltiples abusos, para empezar, porque los afectados no tienen derecho a defenderse ni a un juicio justo. Pero, además, con este proyecto, el gobierno pretende no sólo evitar el crimen, también predecirlo.

Colaboración privada

La comunidad internacional ha criticado muchas veces a las empresas privadas que se pliegan a servir de cómplices al régimen de Pekín. Recientemente, han sido especialmente sonadas las protestas contra Apple, que tiene en China su tercer mercado más importante. La compañía retiró 674 aplicaciones de su appstore en ese país, a petición del gobierno, porque permiten a los usuarios saltarse el llamado “gran cortafuegos chino”. Tim Cook, CEO de Apple, declaró en su defensa que, aunque él como americano no está de acuerdo, “cada país tiene derecho a crear sus propias leyes”.

China ha instalado 170 millones de cámaras con capacidad de reconocimiento facial que registran los movimientos de las personas

También las empresas nacionales colaboran de manera activa en el gran sistema de vigilancia, en muchos casos, cediendo sus datos al servicio del gobierno. Es el caso de Sesame Credit, un programa piloto del ala financiera de Alibaba (el Amazon chino, que ya es la plataforma de compra online más grande del mundo), seguido muy de cerca por el Estado.

Con este sistema, Alibaba califica el riesgo de las operaciones financieras en función de las compras de cada persona: “Alguien que juega videojuegos durante diez horas al día, por ejemplo, sería considerado una persona ociosa, y alguien que frecuentemente compra pañales probablemente será padre y, por lo tanto, considerado como alguien con sentido de la responsabilidad”, explicaba Li Yingyun, director de tecnología de Sesame, a la revista china Caixin, en 2015.

Los usuarios pueden conocer la puntuación que Alibaba les otorga. De momento no penaliza, pero sí que premia las puntuaciones altas con descuentos o acceso a ciertos servicios financieros.

En China no existe ningún tribunal que proteja la privacidad y, por lo tanto, los ciudadanos no tienen posibilidad de denunciar a nadie. Sin embargo, su situación actual es mirada con lupa por Occidente, como un modelo al que nunca deberíamos llegar.

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